La legislación ambiental no es reciente ni privativa de un gobierno específico, y en Chile se remonta a más de un siglo. La Constitución, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, numerosas leyes sectoriales, decretos, normas y también acuerdos internacionales, regulan los diversos aspectos de la protección del medio ambiente.
A principios de la década de los ’90 no existía en Chile una regulación ambiental efectiva, en tanto que la política económica estaba comprometiendo gravemente la capacidad de renovación y conservación de los recursos naturales.
El gobierno de Patricio Aylwin, ya involucrado en el tema desde la campaña presidencial, estableció las bases de una política ambiental sustentable. Antes de concluir su mandato, se promulgó la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19.300 de 1994), con la cual se dota al país de una institucionalidad para abordar los desafíos en este ámbito.
Los incentivos para proteger el medio ambiente son excelentes herramientas de cambio, por cuanto abren oportunidades de emprendimiento y mejoran las competencias laborales. Sin embargo, la seguridad de la salud de las personas y de los recursos vivos, la diversificación productiva, la competencia en los mercados y las exigencias del comercio internacional, entre otros, obligan al Estado a ejercer la fiscalización en forma responsable y permanente. Si detecta fallas, la sanción será inevitable una vez cumplidos los plazos establecidos en la ley. Para apoyar tales cambios de comportamiento ambiental, el Estado cuenta con instituciones ambientales de regulación, de fiscalización, de sanción y de fomento productivo.
Leyes y normas
Algunos datos e hitos:
Entre las normas más antiguas está la Ley N° 3.133 sobre la Neutralización de los Residuos Provenientes de Establecimientos Industriales (Ley 3.133, artículo 10, Diario Oficial 07/09/1916).
El «Repertorio de la Legislación de Relevancia Ambiental Vigente en Chile», publicado en 1992 y actualizado en 1993, detectó la existencia de 782 textos legales de relevancia ambiental de diversa jerarquía y permitió comprobar la gran dispersión, incoherencia y falta de organicidad de la legislación sectorial vigente y sus múltiples modificaciones.
La Constitución de 1980 (artículo 19, inciso 8º) reconoció por primera vez el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente «limpio y libre de contaminación”.
En 1994 se promulgó la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Esta ley y sus posteriores modificaciones, en especial las del año 2010, configuran el actual marco legal e institucional para el medio ambiente en el país.
Leyes y decretos
La normativa ambiental está establecida en un conjunto de leyes y decretos sobre agua, aire, biodiversidad, capa de ozono, contaminación lumínica, institucionalidad, normas generales, normas de calidad, normas de emisión, temas indígenas, monumentos nacionales, participación ambiental ciudadana, planes de prevención y descontaminación, residuos, ruido, evaluación de impacto ambiental y suelos y zonas saturadas o latentes, entre otros.
En lo que se refiere a normas de calidad ambiental, se distingue:
Normas de calidad primaria: su objetivo es proteger la salud de las personas y tienen aplicación en todo el territorio de la República.
Normas de calidad secundaria: su objetivo es la protección o conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturaleza. El decreto supremo que establece estas normas señala el ámbito territorial de su aplicación, que puede ser todo el territorio de la República o una parte de él.
Normas de emisión: son aquellas que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante emitida al aire o agua de la fuente emisora. Su ámbito territorial de aplicación es señalado en el decreto supremo respectivo.
Forman parte también de la legislación ambiental…
Los acuerdos ambientales bilaterales, como los contemplados en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC), el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea del año 2003 y el Tratado de Libre Comercio con Canadá.
Los acuerdos ambientales multilaterales a los que Chile ha adherido, tales como:
La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
El Convenio de Basilea que regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos
El Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje
El Protocolo de Montreal relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono
El Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de comercio internacional
La Convención sobre Conservación de Focas Antárticas
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)
El Tratado Antártico
Convenio Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena
El Convenio sobre Diversidad Biológica
La Convención sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR)
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
En el Sinia se encuentra accesible toda la legislación ambiental chilena y los convenios a los que el país ha adherido.
